Algunos hombres y mujeres buenos, o de cómo cambiar las cosas está en nuestras manos…

Parece que finalmente la respuesta es que sí, estamos en crisis. Se trata ahora de una conclusión fácil, pero no tanto si echamos la vista atrás. Después de muchas excusas, divagaciones, alarmas justificadas o no, debates en el congreso y demás, todo el mundo, en general ha llegado a esa conclusión. En mi línea ha estado siempre el interés por construir, por tratar de ver los aspectos positivos de las cosas y como las crisis (como período de adaptación y cambio) pueden convertirse en nuevos comienzos. Lejos de juzgar si las cosas se hacen bien, mal o peor, a lo largo de estas líneas intentaré plasmar el trabajo de unos pocos, entre los cuales tengo el privilegio de encontrarme, que con tesón, buenas prácticas y sobre todo esperanza, enfocan todos sus esfuerzos en los que no tienen nada, ni siquiera algo que perder.

Soy trabajadora social. Siempre supe a qué quería dedicarme. No hubo dudas al respecto. Recuerdo cuando lo comenté en casa, y mi padre me dijo aquello de: “¿y no será mejor que estudies derecho? Eso sí que tiene salidas…”. Ahora, cuando hablamos sobre este tema, nos reímos. En estos últimos años, además de mi actividad profesional remunerada, vengo colaborando de manera activa y altruista en la defensa y promoción de mi profesión, y especialmente en su visibilidad en la sociedad. Y es que vivimos en una sociedad en la cual “lo bueno”, “lo deseable” tiene una clara proyección, todo el mundo puede verlo ya sea en televisión, publicidad, prensa… Sin embargo, las situaciones de necesidad, de miseria, de pobreza extrema, de analfabetismo, de exclusión y marginación social, se esconden. Son invisibles, al menos hasta que empezó a emitirse el programa “Callejeros”. Es curioso como algo que es apartado de la sociedad como algo feo, no deseable, incluso a veces desagradable, deja de serlo o comienza a estar presente cuando sale en la tele. Pero esta no es la cuestión.

Cuando esas situaciones de dificultad afectan a unos pocos, que además “se lo merecen” porque han elegido caminos muy poco recomendables, o bien son personas que “han tenido mala suerte en la vida”, las aislamos, las recortamos de nuestra realidad como si no existieran, porque si no las vemos habitualmente, en verdad no existen. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a afectar a gente de nuestro entorno más cercano? Cuando cada vez son más las personas que se encuentran en lo que denominamos “situaciones de vulnerabilidad”, ¿con qué medios contamos para superarlas?

Pues bien, aquí se encuentra el centro de mi argumentación. Y como sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, así nos luce el pelo. En España, según recoge la Constitución son la familia y la tercera edad los que han de tener garantizada la protección social. Esto se hace extensivo a otros colectivos, a pesar de no estar mencionados de manera expresa. Con la aprobación en 1985 de la Ley General de Régimen Local (pendiente de reforma), se establece como competencia de los ayuntamientos y diputaciones la prestación de servicios sociales, que serán graciables, según prioridades y cuya amplitud vendrá marcada por la dotación presupuestaria. Para solucionar este tema y otorgarle algo de seriedad y formalidad, se aprueba en el año 1988 el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, la “Biblia” para los profesionales de la acción social. En este plan se reconoce la existencia de un sistema público de servicios sociales, de carácter universal, estructurado en dos ámbitos: servicios sociales comunitarios (cercanos al ciudadano y con unas prestaciones básicas: servicio de información, valoración y orientación, SIVO; servicio de ayuda a domicilio, SAD; servicio de cooperación social, COSO; y servicio de convivencia y reinserción, CORE) y los servicios sociales especializados. Estos últimos son los equipamientos específicos, como residencias, unidades de estancia diurna, centros de drogodependencias, o centros de acogida para mujeres víctimas de maltrato. Al igual que en otros ámbitos, como educación o sanidad, la competencia de la prestación de los servicios la han asumido las comunidades autónomas, en virtud del artículo 149 de la Constitución. Este sistema de servicios sociales, se ha caracterizado, principalmente, por la falta de inversiones, tanto en recursos materiales como en medios humanos, para prestar estas ayudas, y ocurre que mientras iba dirigido a los “marginados”, pues no había tanto problema, pero ahora que son muchos más quienes reclaman estos servicios, hay problema, y es bien gordo.

Pero, ¿qué posibilidades tenemos entonces para afrontar la crisis? ¿Contamos con un sistema, una infraestructura que pueda soportar la demanda en alza de ayuda? ¿Estaremos preparados para lo que se nos avecina? Pues las respuestas a estas preguntas no son demasiado optimistas. El caso es que se trata de un sector que sufre continuos recortes de financiación, por no ser considerado tan importante como otros (los pilares del estado de bienestar, la sanidad y la educación) y que es ahora, cuando hace falta, cuando nos acordamos de que existe. ¡Qué falta de previsión, señores! Ahora que son miles las familias que solicitan ayudas de emergencia, que son miles las personas que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer (porque para ver pobreza extrema no hace falta ir a África), ahora, nos planteamos si el sistema es efectivo.

Me empeño en pensar que esto será un punto de inflexión en la concepción del sistema de protección social (porque no sólo “somos” pensiones, somos mucho más) el cual facilitará que de ahora en adelante seamos mucho más precavidos y aseguremos el futuro de los que son más débiles, enseñándoles herramientas básicas para sobrevivir en un mundo cada vez más complicado.

En otro orden, pero siguiendo con la misma argumentación, tengo muchos compañeros empeñados en renegar de los inicios de mi profesión, de la caridad institucionalizada, la beneficencia y la filantropía, pues tiene su raíz en la base católica de la sociedad española. No me parece ni bien ni mal. Yo simplemente asumo que cuando el sistema público no llega y no da más de sí, es obvio que otras instituciones, de tipo religioso o de iniciativa social, traten de cubrir las carencias existentes, que son muchas. Una de las reivindicaciones históricas de la profesión ha sido (y sigue siendo, porque ningún partido político ha creído en lo que decimos) la aprobación de una ley general, una ley marco a nivel estatal que permita el ejercicio de un derecho básico de ciudadanía, el ser atendido por los servicios sociales, con los criterios de igualdad territorial que marca la Constitución. En tanto esto no ocurra, entidades como Cáritas, Cruz Roja o la ONCE, seguirán proporcionando la ayuda que el estado niega, o proporciona con más errores que aciertos.

Desde aquí, mi enhorabuena a los trabajadores sociales, en cualquier ámbito, ya sea público o privado, laico o católico, por “enseñar a pescar” a personas que a veces incluso dudan sobre su capacidad para sostener la caña…

Por cierto, por eso de los derechos de autor y tal, la foto apareció publicada en el dominical de ABC, el 26 de Diciembre de 2009. No puedo mostrar el reportaje íntegro, pero si podéis leerlo, merece la pena.